LA SUCESIÓN: “[THE KING IS DEATH], LONG LIVE TO THE KING”

(Análisis político)

La reelección de cualquier presidente supone un debate democrático crucial en la política moderna de occidente. Sus habitantes y actores políticos deben preguntarse, cada cuatro o seis años, quién continuará en el poder.

En este sentido el caso colombiano es particular. En 1991, con la reforma constituyente y la redacción de una nueva carta magna, el país celebraba la continuidad de algunas de sus virtudes: tradición democrática, solidez de movimientos políticos y respeto por las instituciones. Esto significaba, entre muchos principios, que un presidente elegido por voto popular gobernaría durante cuatro años, sin posibilidad de reelección. Pero en 2002, todo cambió. La constitución, que había logrado mantenerse sin enmendaduras, tuvo su primera transformación. A partir de un proyecto de ley enviado desde el poder ejecutivo al Senado, se aprobó la reelección de un presidente en particular.

En consecuencia, en 2006, Álvaro Uribe Vélez continuó en el poder. El país observaba cómo la democracia se tornaba flexible y cómo su carta magna soportaba el deseo de tener un gobierno que continuara otros cuatro años.

Ahora, a un año de terminarse su segundo mandato, la reelección sigue siendo un tema de preocupación; se escuchan rumores de una tercera temporada en la Casa de Nariño. El tema de la primera reelección trajo consigo un problema crucial ¿Cuál debe ser el límite para un mandatario que superó dos periodos: tres, cuatro... Cuántos? Dadas las condiciones, se plantean dos debates.

En primera instancia, estar de acuerdo con una segunda reelección significa aprobar las formas autoritarias que reducen la independencia de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, tal y como lo viene haciendo el actual presidente.

El segundo, atiende al favoritismo de la población hacia Uribe. Aún con todo lo que peligra la democracia, el grueso de los colombianos estaría dispuesto a votarlo de nuevo. Finalmente si nada lo detuvo cuando reformó la constitución de 1991, ¿qué lo detendría ahora?

Muchos analistas y demás actores de la vida pública esperaban que el escándalo de la Para-política fuera ese freno. Pero Uribe parece blindado. Nada logra traspasar la barrera de su poder, ni transformar su imagen positiva. Por caso, la renuncia que presentó el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, Ramiro Marín, encargado de llevar el caso de Mario Uribe, primo del presidente. La investigación probó que, gracias a nexos establecidos previamente con los paramilitares, el senador en cuestión manipuló las elecciones en de 2003. La renuncia del fiscal, como lo hizo saber a través de una entrevista para la revista SEMANA, atiende a la poca transparencia legal con la que fue llevado el caso, que, después de haber sido hallado culpable, ahora, con la intervención del presidente, su primo logró in imputarse.

Producto de formas como la anterior, asumidas por el presidente, a Colombia le duelen todas sus estructuras de poder. Padece dolencias simultáneas. Se le diagnostica: dolor de representación política, dolor constitucional, partidos políticos fracturados; además, tiene comprometidos los órganos de la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía. En definitiva, tiene todo mal: Su unidad de pertenencia, la democracia, y un deteriorado plan de gobierno.

Y si los escándalos políticos y mediáticos no lograron ser el freno para esta carroza desbocada en la cual transita Uribe, debería serlo la pérdida de confianza y valor que padecen las instituciones gubernamentales.

El actual gobierno creyó que la gran problemática de Colombia sólo era la seguridad, los favorables resultados económicos y los golpes certeros a las FARC. Por tanto, se limitó a la elección popular de alcaldes y gobernadores, con muy pocas exigencias en lo real.

Tras siete años en el poder, el gobierno a duras penas logró restablecer la gobernabilidad sobre territorios que la habían perdido a causa de conflictos con la guerrilla o los paramilitares. Pero una vez bajó la turbulencia de las aguas del plan de seguridad, lo que reveló el fondo del pozo fue la violación inusitada de los derechos fundamentales de sus habitantes, a través de políticas como la de Justicia y Paz en la cual desarmaron al movimiento paramilitar (en su apariencia).

Lo que realmente afronta el país, es lo que más le cuesta reconocer, una gran descomposición social. Por lo cual, la sucesión no es un problema en sí mismo. Que Uribe pretenda estar más tiempo en el poder es muy grave, pues no parece representar la democracia en su sentido práctico, ni tampoco interesarle.

En cuanto al ciudadano común que tendrá en su poder, dado el caso, catapultarlo de nuevo, es claro que está viendo la situación desde una vidriera opaca. Sería ideal “limpiar” cada uno de los marcos de visión y exteriorizar los problemas de la sucesión, pero si no lo ha logrado la Para-política y la Yidis- Política, más complicado será demostrar lo que no se ve.

Una última cuestión. Hay una relación que aún no logra establecer la población colombiana obcecado por el fervor a Uribe: desde hace mucho tiempo nada, ni nadie le garantiza a los colombianos el derecho a la vida, a la salud, al trabajo y al debido proceso. Y este sí que es un problema.